El 28 de agosto de 2024, la Corte Constitucional de Colombia declaró exequible el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que vincula derechos humanos y protección ambiental en América Latina y el Caribe. Este acuerdo no solo fortalece la institucionalidad ambiental del país, sino que también busca proteger a los defensores del medio ambiente, quienes enfrentan riesgos constantes debido a su labor. Colombia, que ha sido testigo de trágicos asesinatos de defensores ambientales, ahora cuenta con un marco legal más robusto para hacer frente a estos desafíos.
Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y ratificado por Colombia en 2022, es el primer tratado regional en su tipo que combina la defensa del medio ambiente con la protección de los derechos humanos. Al ser aprobado por la Corte Constitucional, el tratado adquiere plena fuerza legal en Colombia, convirtiéndose en una herramienta esencial para promover la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Este tratado es particularmente relevante en Colombia, un país que enfrenta graves desafíos en la protección de su biodiversidad y de quienes luchan por preservarla. Según el informe de Global Witness de 2023, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 60 casos registrados. La integración del Acuerdo de Escazú en el marco jurídico colombiano representa un avance significativo para enfrentar esta problemática y para fortalecer la protección de los derechos ambientales.
Aspectos clave del Acuerdo de Escazú:
- Protección de defensores ambientales: El acuerdo establece mecanismos para salvaguardar a los defensores del medio ambiente, un grupo vulnerable en Colombia. La creación de mecanismos de protección específicos busca reducir la violencia y el acoso que sufren estos activistas.
- Acceso a la información: El tratado promueve la transparencia en temas ambientales, permitiendo que los ciudadanos accedan a información clave sobre proyectos que puedan afectar su entorno. Esto facilita la toma de decisiones informadas y responsables por parte de la sociedad civil.
- Participación pública: La inclusión de las comunidades en la toma de decisiones ambientales es uno de los pilares fundamentales del acuerdo. El objetivo es que las voces de las poblaciones afectadas sean escuchadas y consideradas en los procesos de planificación y ejecución de proyectos de alto impacto ambiental.
- Acceso a la justicia: El Acuerdo de Escazú establece mecanismos claros para que los ciudadanos puedan acceder a la justicia en casos de daños ambientales, fortaleciendo la institucionalidad y la cooperación internacional para resolver estos conflictos.
Fundación ACPO y la defensa del medio ambiente:
Organizaciones como la Fundación Acción Cultural Popular (ACPO) se han alineado con los objetivos del Acuerdo de Escazú a través de programas como El Cuidado de la Casa Común. Este programa promueve la protección y el respeto por el medio ambiente a través de la formación de líderes comunitarios en zonas rurales de Colombia. La Fundación ACPO ha trabajado incansablemente para fomentar la educación ambiental y el desarrollo sostenible, contribuyendo así a la creación de comunidades más conscientes y comprometidas con la protección de sus territorios.
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De cara a la COP16:
La aprobación del Acuerdo de Escazú llega en un momento clave para Colombia, que se prepara para ser sede de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP16). Este evento internacional será una plataforma para que el país muestre su liderazgo en temas de sostenibilidad y biodiversidad, y el reciente respaldo legal al Acuerdo de Escazú refuerza su posición como un actor comprometido con la justicia ambiental y la protección de los derechos humanos. La COP16 será una oportunidad para que Colombia presente sus avances en la implementación del acuerdo y en la promoción de políticas que prioricen el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente.
Futuro Sostenible Ambiental.
La aprobación del Acuerdo de Escazú por la Corte Constitucional de Colombia no solo representa una victoria para la justicia ambiental, sino también un avance en la protección de los derechos humanos en el país. Este tratado fortalece la institucionalidad y refuerza el compromiso del país con la sostenibilidad, la transparencia y la inclusión ciudadana. A medida que Colombia se prepara para ser el centro de atención en la COP16, el Acuerdo de Escazú se consolida como una herramienta clave para enfrentar los desafíos ambientales y sociales que el país tiene por delante, marcando el camino hacia un futuro más justo y sostenible para todos.
Editor: Natalia Garavito
