Paro armado y el fracaso de la política de seguridad de Duque

Durante 4 días el Clan del Golfo paralizó 5 departamentos del país, demostrando el poder territorial que tiene este grupo paramilitar. Lo que confirma la negligencia e incapacidad del Gobierno en materia de seguridad para la defensa de las comunidades vulnerables.

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Foto por: Elizabeth Dickinson - https://cutt.ly/YHrCwwM

De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, el contexto conflictivo del Urabá y la persistencia de grupos paramilitares facilitó la consolidación de lo que  el Gobierno denomina el Clan del Golfo, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC.

En este territorio que comprende una parte de Antioquia y Chocó las AGC lograron construir un orden paraestatal. Actualmente, se ha confirmado que más de 1.000 hombres componen este grupo que se reinventó después de la supuesta desmovilización que gestionó Álvaro Uribe.

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, era el cabecilla de esta organización ilegal que tiene control sobre 211 de los 1.103 municipios del país. El 23 de octubre del 2021 fue capturado en Necoclí y en ese momento Iván Duque afirmó que era “el fin para el Clan del Golfo”.

Pese a que Otoniel resultaba una ficha clave para la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, de cara a las verdades que podía esclarecer, el Gobierno decidió extraditarlo a Estados Unidos. Una acción que ha generado desacuerdo teniendo en cuenta que la extradición se ha usado históricamente para entorpecer procesos de justicia.

Paralizar al país para demostrar control territorial 

Ante dicha decisión, el Clan del Golfo manifestó mediante un comunicado de prensa el inicio de un paro armado con duración de 4 días, prohibiendo la apertura de cualquier tipo de negocio y la movilización en cualquier transporte. Lo cual afectó directamente a Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

El lunes 9 de mayo la Unidad de Investigación y Acusación – UIA de la JEP informó que 24 civiles perdieron la vida, 26 vías fueron bloqueadas con camiones y carros incinerados, 138 comunidades estuvieron confinadas y más de 70.000 personas tuvieron desabastecimiento del servicio de gas.

Esta dura situación evidencia el fracaso de la política de seguridad del actual Gobierno, que resultó complaciente con las AGC si se compara con las acciones que se tomaron en el marco del paro nacional del 2021, y que según un informe internacional incurrieron en la violación de derechos fundamentales.

Varios expertos coinciden en que hace muchos años no se veía un paro armado de tal magnitud, y que el objetivo de las AGC se ha cumplido si de demostrar su poder territorial se trataba. Finalmente, concluyen en que se debe votar a conciencia en las próximas elecciones presidenciales para buscar nuevas salidas a la guerra. 

Por: Karina Porras Niño. Periodista – Editora. 

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